Los choros me los como con limón.
Vamos aclarando las cosas.
En nuestro padrón
electoral hay 15 millones de votantes dentro 19 millones de habitantes.
En esta multitud, solo el
12,8% son descendientes de pueblos originarios, o sea: 2.185.792.
De esos solo 282.718 votaron
para la Convención Constituyente, es decir, el 22,9% de nuestras etnias
originarias.
Votación que representa un
1,89%. del padrón, ó 1,48% de la población total de Chile.
Francisca Linconao con
15.567 votos alcanza un 0,08% de representación nacional y Elisa Loncón con
11.714 votos un 0,06%.
¿De dónde se arrogan tanta
representatividad, para “refundar” la Republica?
Redactar una propuesta de
Nueva Constitución Política no significa refundar la República.
Así como cambian el
sentido de las palabras y la tarea encomendada, también pretenden transformar
delitos comunes en actos políticos.
¿Esa minúscula facción de
pueblos originarios en vez de repudiar y refundar, debiera agradecer la
colonización europea de Chile, que los sacó del Paleolítico?
Digamos las cosas como
son, de los poco más de 19 millones de habitantes del país, por lo menos 16
millones no están “ni ahí” con cambiar la Constitución, no se interesaron y no
fueron a votar para el plebiscito ni la elección de Convencionales.
Tampoco les interesa que
Chile sea plurilingüe, plurinacional, ni pluricultural.
Sin embargo, la práctica
democrática impuso elegir 155 personas para redactar una propuesta de nueva
Constitución.
No obstante, a todo el
país sí le importa que la plata de sus impuestos se ocupe para la tarea
asignada y no se despilfarre en aumentos de sueldos, viáticos, asesores,
secretarias, y otras asignaciones.
El trabajo de los
Constituyentes es eminentemente de aporte personal y de dialogo entre los
demás, para buscar acuerdos y llegar a consensos posibles.
Requiere gran acervo
cultural y alta preparación técnica, pero ya se ve que la mayoría no da el
ancho.
Los que se vean superados
debieran renunciar para ser reemplazados cuanto antes por personas idóneas. Por
su parte los que se resistan a realizar el trabajo para el que fueron elegidos,
debieran ser sancionados a la brevedad.
Sea por incompetencia o
abandono de deberes, amerita expulsarlos de la Convención e inhabilitarlos para
ejercer cargos públicos
¿Será posible, por
ejemplo, la acusación constitucional?
No podemos permitir que
minúsculas facciones de fanatismo circunstancial destruyan una historia de 485
años y 211 años de historia republicana.
Pablo Montt Prado.-
23/7/21
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